Fiscalía de Estado denunció penalmente a ex funcionarios de la gestión de Claudio Poggi
Fiscalía de Estado presentó ante el Juzgado del Crimen 3 de la ciudad de San Luis una denuncia penal contra altos ex funcionarios de la administración de Claudio Poggi por supuestos delitos cometidos en la adjudicación irregular de viviendas de los Planes sociales. El escrito lleva la firma del abogado Salvador Scarzo y fue presentado en los primeros días de la semana pasada ante la jueza Virginia Palacios quien, según trascendió desde el Juzgado, prepara una serie de medidas para adelantar la investigación.
La magistrada fue recusada por los abogados que representan también ex funcionarios de Poggi en otras denuncias que realizó la Fiscalía, pero la Cámara del Crimen que entendió en el diferendo, confirmó a la Jueza y devolvió el expediente para que continuara con las investigaciones, por lo que se descarta que los letrados, en esta oportunidad, repitan la estrategia de querer apartar a Palacios en esta nueva denuncia.
La presentación es respaldada con documentación que demuestra cómo Darío Roca, ex jefe de despacho de la Secretaría Legal y Técnica de esa gestión, fue beneficiado con resoluciones del entonces Ministerio de Viviendas para ser incorporado a la lista de adjudicatarios, pero irregularmente. Roca en el mes de Marzo del 2015 fue ingresado al listado de inscriptos en el Plan de Viviendas de manera retroactiva al año 2012, se le habilitó un plan de pagos de las cuotas que canceló de contado una semana después y a la semana siguiente le fue adjudicada una vivienda social, que ocupó al poco tiempo.
Los documentos fueron aportados por funcionarios del Programa de Viviendas, repartición publica intervenida apenas asumió su mandato Alberto Rodríguez Saa. En la elaboración de los informes que pidió Rodríguez Saa a los funcionarios en cuanto se hicieron cargo de la intervención, advirtieron el caso Roca, por lo que comenzaron a profundizar el análisis de los expedientes de las adjudicaciones durante todo el período que gobernó Poggi.
La posible repetición de adjudicaciones con esta modalidad alienta a los investigadores a intentar probar judicialmente que en la anterior gestión, un grupo de altos funcionarios siguieron una metodología específica para evadir reglamentaciones y adjudicar viviendas sociales a personas allegadas, familiares y simpatizantes políticos que incluso viven de manera permanente fuera de San Luis. En este sentido se adelantó, que en los próximos días se ampliará la documentación que ya está en poder de la Jueza Palacios y que suman otros casos de adjudicaciones irregulares en el mismo Plan de Viviendas.
Al parecer el patrón detectado en las adjudicaciones irregulares involucra a personas que independientemente de haber estado inscriptas o no, no aparecen en los decretos que preadjudicaban las viviendas. Este paso, la preadjudicación, es fundamental en el proceso administrativo que culmina con la posesión efectiva de la vivienda social, puesto que en este acto el Estado le otorga a la persona incluída un derecho en expectativa y le confirma que la documentación presentada ha pasado los controles legales oficiales y que de no mediar algún hecho extraordinario – la muerte del titular del derecho, por ejemplo, como situación extrema -le será adjudicada una vivienda social. El acto es refrendado por un decreto del Poder Ejecutivo.
En la maniobra los “amigos” no eran pre-adjudicados, los controles se realizaban sobre las personas incluídas en el decreto de pre adjudicación que firmaba el gobernador Poggi. Pero después, a la hora de llevar adelante la adjudicación “bajaban” a algunos de los pre adjudicados y agregaban a personas que en su totalidad, al menos en los casos denunciados, eran funcionarios, parientes, amigos/as o seguidores políticos de la gestión. Finalmente con los “agregados” se oficializaba el acto con un decreto del Poder Ejecutivo. Es gracioso -e indignante- comprobar como la mayoría de los “adjudicados” irregularmente, son afiliados a la fuerza política Avanzar que fundó Claudio Poggi recientemente.
Algunos casos muestran el nivel de miseria humana en el que cayeron los “beneficiados” de esta maniobra. Por citar solo algunos se descubrió la situación de una mujer, madre soltera con dos hijos, uno de ellos discapacitado severo, que fue pre adjudicada pero luego su vivienda le fue adjudicada a un funcionario de apellido Gil, asesor del Ministerio de Viviendas, bajo el pretexto de que la casa no estaba “habilitada” para ser ocupada por una persona con discapacidad. La mujer todavía espera tener una vivienda. O el de una jovencita de apellido Schmid, que se desempeñaba en ceremonial de la Casa de Gobierno y que mantiene un parentesco directo con un integrante del que era el gabinete de Poggi, que bajó de la lista a una docente que convive con las familias de sus dos hijos en una casa alquilada.
En esta misma investigación los abogados oficiales dicen contar con el testimonio grabado (video) de una persona oriunda de la localidad de La Toma, quien tendría más de 70 años y sería semianalfabeto, a quien se le adjudicó una vivienda social en esa localidad pero que al ir a tomar posesión de la misma se encontró con la sorpresa que la casa estaba construída en menos de un 50%, sin ventanas ni puertas, sin baño y con piso de tierra. El hombre que es de condición muy humilde, llevó el reclamo a los funcionarios quienes le dijeron que se había equivocado y que en breve la empresa constructora terminaría su vivienda. A cambio le pidieron que firmara un documento oficial en el que constaba que esta persona recibía la vivienda social terminada. Pasaron varios años y el hombre de La Toma aún los está esperando.
Fuente: SL24