Este martes a las 14:15, el presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich anunciarán una reestructuración profunda de la Policía Federal Argentina. El acto, que se desarrollará en la sede de la Policía Montada en Palermo, busca modernizar la fuerza y dotarla de mayores capacidades investigativas para enfrentar delitos complejos.Turismo en Argentina
Un cambio estructural con foco en el delito organizado
Bajo el lema “Hacia una PFA moderna y orientada a la investigación”, el Gobierno nacional presentará una reforma integral de la Policía Federal Argentina (PFA). El anuncio incluirá medidas que modifican la estructura jerárquica, los sistemas de ascenso, los mecanismos de control interno y el despliegue operativo de la fuerza.Turismo en Argentina
El objetivo central es fortalecer la capacidad de la PFA en la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y las organizaciones criminales, a través de una mayor verticalidad en la conducción y una fuerte impronta investigativa.
La reforma será instrumentada a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que otorgará al Ministerio de Seguridad un control más directo sobre las decisiones operativas y organizativas de la Policía Federal.
Entre los principales cambios se destacan:
Rediseño del sistema de ascensos y jerarquías.
Nuevos protocolos de auditoría interna.
Creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), con tres divisiones: Agencias Federales, Investigaciones Generales e Investigaciones contra el Narcotráfico.
Expansión de la presencia de la PFA en el interior del país, con un incremento proyectado del 10% anual en el número de agentes.
Críticas por posibles vulneraciones de derechos
Uno de los puntos más controvertidos del plan es la autorización para que la PFA realice tareas de vigilancia digital en espacios públicos de internet sin autorización judicial previa. Esta medida, basada en la ley de Inteligencia vigente, permitirá rastrear actividades sospechosas en redes sociales y páginas abiertas.
También se contempla la posibilidad de realizar detenciones sin orden judicial cuando una persona no acredite su identidad y haya indicios fundados de un posible delito. Además, se habilita el registro de personas que estén vinculadas a actividades “que la policía deba reprimir”, sin especificar con claridad los criterios.
Estos puntos generaron preocupación en sectores del Poder Judicial y entre especialistas en derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de abusos o discrecionalidad en los procedimientos.
El relanzamiento de la PFA se produce en medio de fuertes críticas hacia la gestión de Javier Milei y Patricia Bullrich por el accionar de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales recientes. Organizaciones de derechos humanos denunciaron un uso excesivo de la fuerza en operativos públicos.
Paralelamente, el Ejecutivo prepara una nueva serie de medidas orientadas a la reducción del aparato estatal, que incluirían cierres de organismos y reestructuraciones antes del próximo recambio legislativo.sl24
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