El gobierno provincial oficializó el retiro voluntario del comisario general Juan Carlos Leyes como subjefe de Policía y en su lugar designó a Néstor Javier Miranda. El movimiento en la cúpula llega en un momento crítico, con crecientes reclamos sociales por la inseguridad que atraviesa San Luis.
Lo llamativo no es solo el relevo, sino el contexto: la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, insiste en que “los índices de delito no aumentaron”. Sin embargo, la realidad contradice ese discurso.
Cada semana se multiplican los robos, entraderas y hechos violentos en distintos puntos de la provincia. La escalada delictiva golpea de lleno a los vecinos, que sienten cada vez menos protección por parte de las autoridades.
Mientras tanto, la fuerza policial parece debilitada: desorden interno, malestar entre los efectivos por los bajos salarios y falta de recursos para prevenir el delito. Señalar a “trapitos” o foráneos puede ser una salida fácil en el discurso, pero los problemas de fondo siguen sin resolverse.
En este escenario, la designación de Miranda expone el desorden interno y la contradicción entre el relato oficial y la experiencia cotidiana de la gente, que convive a diario con el avance de la inseguridad
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