El diputado nacional Alí fue imputado este jueves por la jueza Luciana Banó en una causa por presunta defraudación a la administración pública y abuso de autoridad durante su gestión como intendente de La Toma. La fiscal de Instrucción N° 6, Linda Maluf, impulsó la investigación, y la magistrada dispuso medidas de coerción que incluyen la inhibición general de bienes por 120 días y la obligación de presentarse a firmar mensualmente, aunque descartó restringir sus viajes a Buenos Aires por razones legislativas.
Tras conocerse la resolución, Alí calificó el proceso como una “causa trucha” y denunció que responde a motivaciones políticas. El legislador defendió su gestión y aseguró que las obras cuestionadas están concluidas y rendidas: “Están inauguradas, una incluso por el propio gobernador. Hablar de contratos rescindidos es una nimiedad”, afirmó. También lanzó críticas contra Claudio Poggi, a quien pidió que declare como testigo: “Mi patrimonio son dos propiedades, el del gobernador es multimillonario. Yo estoy seco”.
En la misma línea, su abogado Nedo Gómez consideró que la formulación de cargos fue “apresurada y política”, y acusó a la fiscalía de incumplir requisitos procesales. El letrado sostuvo que los contratos de obra se ejecutaron o rescindieron conforme a la normativa provincial y rechazó las medidas más duras solicitadas por la acusación. “Esto no es más que una caza de brujas para deshonrar a mi defendido”, remarcó, insistiendo en que el trasfondo del caso es estrictamente político.

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