El Secretario de Ética Pública y Control de Gestión debe responder sobre la denuncia contra el gobernador por presunto enriquecimiento ilícito
Un pedido de informes, aprobado el pasado miércoles 8 por la Cámara de Diputados, el cual hace referencia a la denuncia federal impulsada por un abogado villamercedino en el año 2021 por presunto enriquecimiento ilícito del actual gobernador Claudio Poggi, tendrá que ser atendido por Ricardo Bazla, titular de la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, área que se ocupa de cualquier posible caso de corrupción.
La solicitud de la Cámara Baja pide que en un plazo de siete (7) días hábiles se informe por escrito y de manera detallada “cuáles son las actuaciones administrativas pertinentes” que se han iniciado desde esa cartera, “en relación al avance de la causa contra el actual gobernador Claudio Poggi, en el Juzgado Federal de la provincia de San Luis”.
La causa iniciada en 2021 apunta al origen de los fondos de distintas propiedades del gobernador que, según argumenta la misma,serían varias y declaradas por valores irrisorios.
