Juntos por el Cambio y su obsesión de privatizar el sistema de jubilaciones. Algo que ya fracasó y perjudicó a millones de jubilados

Son claras las muestras de lo que impulsa Juntos por Cambio o lo que proyecta con la cuestión previsional en la Argentina. Los jubilados, y una reforma que está en miras de este sector político.

Hace pocos días, Mauricio Macri, salió con declaraciones fuertes en este sentido, en las que manifestó que tiene un plan para que vuelvan las AFJP, algo que ya pasó en la Argentina y que terminaron en rotundo fracaso.

Macri aseguró  que en un “segundo tiempo” podría promover una privatización del sistema jubilatorio al ponderar el sistema de las AFJP. El opositor lo hizo al asegurar que al kirchnerismo “le llevó mucho tiempo demoler el país”. Y enumeró: “Teníamos reservas, había AFJP que habían ahorrado plata, había gas y petróleo en cantidad. Todo eso desapareció”.

Por otro lado, legisladores afines al macrismo, ya analizan esta posibilidad.

El jefe del bloque de senadores nacionales del PRO, Humberto Schiavoni, planteó “analizar la modificación de la edad jubilatoria” y consideró que debe darse un debate sobre los “atajos” para acceder al régimen previsional de manera anticipada.

El legislador propuso “analizar modificar la edad jubilatoria y ver como está funcionando en el mundo, porque la gente hoy vive más tiempo”.

 

EL FRACASO DEL SISTEMA DE AFJP QUE QUIERE REIMPULSAR MACRI SI LLEGA AL GOBIERNO

El perjuicio para el Estado por aquella privatización de los años ’90, debido a la pérdida de ingresos fiscales, fue estimada durante el gobierno de Néstor Kirchner en 65.000 millones de dólares (considerando el período 1994-2003).

La iniciativa impulsada por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, fue sancionada el 22 de septiembre de 1993 (ley 24.241) y estableció el desdoblamiento del sistema de jubilaciones y pensiones, con un componente público (de reparto) y otro privado (de capitalización).

La reforma comenzó el 15 de julio de 1994, cuando se puso en marcha el sistema de ahorro individual de aportes e inversión de los fondos en el mercado de capitales por parte de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).

Con ese esquema, quienes optaron por afiliarse a una AFJP destinaron gran parte de sus aportes a comisiones de las administradoras y además no podían volver al sistema estatal, hasta que en 2007 el presidente Néstor Kirchner dispuso el libre traspaso.

De las 26 entidades existentes en el punto de partida, para 1999 quedaban 14, con 7,2 millones de afiliados, 3,5 millones de aportantes y fondos por más de 12.500 millones de pesos. En 2008, las AFJP sumaban una decena.

Además de embolsar miles de millones de pesos durante los años que duró el sistema, durante el gobierno de Fernando de la Rúa y con Cavallo como ministro de Economía ahora tratando de evitar el default, las AFJP suscribieron un “bono patriótico” junto con otras instituciones, por lo que se convirtieron también en acreedoras de la deuda pública.

Diversos analistas han asimilado los problemas fiscales de fines de la década de los ’90 y principios de los años 2000, al desvío de recursos a manos de empresas particulares.

De acuerdo con esas opiniones, la reforma significó una de las mayores transferencias de recursos del Estado a las arcas de compañías privadas de la historia argentina.

Las AFJP se apropiaron de unos 10.000 millones de dólares en comisiones, mientras otros 35.000 millones engrosaron las utilidades de empresas beneficiadas con las rebajas de aportes patronales dispuestas también por Cavallo.

Sólo el resto, apenas unos 20.000 millones de dólares, fue a las cuentas de los afiliados al sistema de capitalización.

Según estos análisis, sin esa sangría de fondos las cuentas del sector público -que siguió pagando jubilaciones, mientras las administradoras cobraban 30% de comisión por los fondos que acumulaban- hubieran tendido al equilibrio.

En octubre de 2008, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto de ley para eliminar el régimen de capitalización, cuyo único resultado había sido beneficiar a bancos y compañías de seguro en perjuicio de los aportantes y del Estado.

La ley 26.425, que creó un régimen previsional público y eliminó el régimen de capitalización, fue sancionada por el Congreso el 20 de noviembre de 2008, dando fin a las AFJP.

 

 

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