Por los aumentos llevados a cabo por el Gobierno de Cambiemos en materia energética, precisamente del gas, y por recomendación del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, la demanda se inició como una acción colectiva que pretende extender los efectos a todo el universo de clientes y/o usuarios y/o beneficiarios, e instituciones públicas provinciales que albergan a los usuarios más vulnerables.
El Gobierno de San Luis una vez más se pone en defensa de los usuarios, y presentó un amparo que tiene como argumentos básicos los términos previstos al artículo 43 de la Constitución Nacional. Argumentaron como “inconstitucional e inaplicable” el aumento en la tarifa del gas. La demanda pretende proteger de las subas de tarifas a todo el universo de clientes y usuarios o beneficiarios, e instituciones públicas provinciales y a los consumidores más vulnerables.
El Gobierno de la Provincia demandó al Estado Nacional, a la Secretaría de Energía de la Nación y al Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS) ante la Justicia Federal por el alto incremento a las tarifas del gas que busca aplicar el Gobierno que conduce Mauricio Macri.
El amparo judicial fue presentado por el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, y el jefe del Programa Defensa al Consumidor, Alberto Montiel Díaz.
PLANES DE AHORRO DE AUTOS 0 KM
Por otro lado,el mismo Programa de Defensa al Consumidor lleva a cabo la representación de unos 200 ahorristas sanluiseños que actualmente se ven perjudicados por las altas cuotas que pagan por los autos que compraron o que aún sueñan con adquirir a través de la modalidad de autoahorro.
Así lo informó el titular del organismo provincial, Alberto Montiel Díaz, durante una reunión realizada junto a un grupo de personas que padecen este problema. El encuentro se realizó el martes pasado en la sede de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica (Asimra).
Los ahorristas contaron a Montiel Díaz sus malas experiencias y se quejaron porque el valor de las cuotas de sus autoahorros triplicaron y hasta cuadriplicaron su costo. Según los usuarios, en algunos casos pasaron de pagar $4.000 a $14.000. También, según comentaron durante la reunión padecen el cobro de adicionales de seguro, gastos administrativos y garantías.
Montiel Díaz aconsejó a los ahorristas que sufren este dilema hacer el reclamo formal ante las oficinas del Programa Defensa del Consumidor (edificio Administrativo, en Ayacucho 945, 6to piso) o en las sedes de Villa Mercedes (Centro Cívico, en Urquiza 74) y Merlo (Terminal de Ómnibus), para que quede documentado su reclamo, su situación y les entreguen su formulario correspondiente.
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