ELECCIONES MUNICIPALES: El Frente Justicialista de Todos denunció a Enrique Picco por violar la ley electoral

En busca de transparentar las Elecciones Municipales de la ciudad de San Luis, los apoderados del Frente Justicialista de Todos denunciaron al candidato del Frente San Luis Somos Todos, Enrique Picco, por “violar la ley electoral”, más precisamente por violar la veda electoral al realizar actos públicos ante unos 500 vecinos de la capital provincial.
Durante el acto lo acompañó el actual intendente de la ciudad Enrique Ponce. La presentación se realizó ante el Tribunal Electoral Municipal (TEM) cuando solo restan doce días para los comicios municipales del 10 de noviembre.
La denuncia fue firmada por los apoderados del Partido Justicialista San Luis, Luis Martínez, y Ángela Gutiérrez de Gatto.
En uno de los párrafos la denuncia del Frente Justicialista de Todos detalla: “El candidato a intendente Enrique Picco, funcionario de la Municipalidad de San Luis, el día 29 pasado, en clara violación a la veda electoral de actos de gobierno, dispuso, en sede municipal, con carácter de funcionario municipal, y acompañado por el Sr. intendente, la entrega de títulos suficientes de posesión de tierras municipales a ciudadanos de la ciudad de San Luis. (¿acaso no es esto una clara acción descripta por la norma citada?). Asimismo, con el mismo descaro e incluso utilizando la fotografía que será usada oficialmente en la boleta única papel, desde el programa de acceso a la vivienda, ha invitado nuevamente a ciudadanos a una nueva adjudicación del programa ‘Tu techo tu Tierra’”, detalla la denuncia.
Al respecto, ambos apoderados solicitaron “la formación de compulsa y remisión de la presente denuncia al Sr. Juez Electoral Federal en el marco del Capítulo III. “Procedimiento de Aplicación de Sanciones Electorales”.
Entre las sanciones para los infractores de la legislación, el artículo 133 Bis del Código Electoral Nacional establece que para “los funcionarios públicos que autorizaren o consistieran la publicidad de actos de gobierno en violación de la prohibición establecida en el artículo 64, serán pasibles de inhabilitación de uno a diez años para el ejercicio de cargos públicos”.

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