Al final, el “no hay plata” no era tan así.

Bastó la injerencia de la Justicia, como consecuencia de la acción y reacción de los distintos sectores gremiales y asociaciones que solicitaron una cautelar y amparo, para que pague de manera urgente la parte adeudada a los trabajadores de la administración pública (segunda parte del sueldo del mes de diciembre)

Fue la propia Justicia que dio lugar a lo solicitado puntualmente por ATE San Luis y la Defensoría del Pueblo, habilitando la Feria Judicial y reconociendo lo solicitado por ambas entidades.

Pero hay que irse un poco más atrás, para entender que la reacción negativa comenzó con el mismo anunció que el Gobernador brindara sobre tal medida. A partir de ese momento, los trabajadores comenzaron con sus reclamos, incluso con manifestaciones, marchas y algún que otro cese de actividad temporal reclamando en las propias oficinas donde se desempeñaban. Sin dejar de lado el ruido que se elevó en las redes sociales ante tal decisión.

El impacto político de semejante y arbitraria medida aún se está midiendo y, casi como una estrategia forzada, previo a que se conociera el fallo de la Justicia, salieron apresurados los anuncios de que “había plata” para adelantar lo adeudado, tanto desde el Gobierno provincial, como del Municipio capitalino que, si bien la medida cautelar no lo afectaba, por una cuestión de afinidad política actuaron en sintonía, uno adelantando el pago de la segunda parte este 10 de enero, y el otro para el día siguiente.

Quedará a criterio de los debidos análisis, los pedidos de informes que se soliciten, o las propias acciones que lleve a cabo el Ejecutivo provincial por estos días para dar cuenta de si el dinero estaba o no estaba.

Lo cierto es que la situación en la que se vieron inmersos miles y miles de trabajadores de la administración pública, ha dejado una mancha en los incipientes primeros días de gestión del Gobierno que vino con la idea del “cambio” para San Luis.