La Ley de Ejemplaridad y Coherencia entró en vigencia el pasado viernes luego de ser publicado en el Boletín Oficial. Todo aquel que se haya sometido a los misma lo debe haber hecho bajo lo que expresa esta norma, salvo la excepción del decreto por el cual el mismo gobernador se hizo el Narcotest de manera digitada cuando no estaba vigente la ley.
En su artículo 3, la ley establece que el test “deberá realizarse anualmente y de forma aleatoria, mediante un procedimiento que garantice la transparencia e igualdad de tratamiento en la selección de los funcionarios que deban someterse al mismo”.
Sin embargo la transparencia parece quedar al costado cuando sale a la luz que los funcionarios del gobierno provincial a los que les toca el narcotest esta semana, ya estan informados sobre ello, lo que indudablemente viola la ley y su espíritu. Esta manera tan nulamente aleatoria hace que cualquier adicto, si los hubiere en la función pública, puede ajustar su consumo de acuerdo a la fecha del test anual para que «no salte».
“Para el Ejecutivo es obligatorio. Para el personal policial, penitenciario y de salud será aleatorio y obligatorio”. Habría manifestado el Secretario de Ética y Gestión Pública Ricardo Bazla lo que significa que los funcionarios cuentan con una gran ventaja con respecto al resto de quienes deberán someterse a este narcotest
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