La decisión del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, de avanzar con acciones legales contra una presunta estructura dedicada a la desinformación digital puso bajo la lupa un fenómeno que en San Luis es conocido desde hace años.
Según manifestó el mandatario mendocino, existe una red de sitios, perfiles y campañas publicitarias destinadas a amplificar contenidos falsos y agraviantes. Entre los nombres que surgieron en la discusión pública aparece Grupo Puma S.A.S., firma que medios mendocinos vincularon con Joel Condorí Tolaba y con el portal Infosanluis.com.
Para la política puntana, el caso tiene un sabor conocido. Durante años, Infosanluis.com fue señalado por dirigentes opositores, periodistas y diversos actores políticos como una de las principales herramientas digitales utilizadas para sostener campañas de desgaste, ataques sistemáticos y difusión de información cuestionada contra la anterior gestión provincial. Mientras gran parte de los medios tradicionales exponían sus líneas editoriales de manera abierta, este tipo de plataformas operaban bajo la lógica de la confrontación permanente, la publicación de contenidos sin rigurosidad periodística y la viralización mediante redes sociales.
Lo que ahora genera preocupación es que ese esquema, que tuvo su epicentro en San Luis, parece haber comenzado a exportarse a otras provincias. La reacción de Cornejo no solo expone un conflicto local mendocino, sino que vuelve a poner en discusión un modelo de comunicación política basado en la agresión digital, las operaciones en redes y la circulación de noticias cuya veracidad es frecuentemente cuestionada.
Pero hay un aspecto que llama particularmente la atención y sobre el que nadie parece querer profundizar.
¿Cómo puede sostenerse económicamente una estructura de estas características?
Se trata de portales prácticamente desconocidos para la mayor parte de la sociedad, con escasa relevancia periodística, sin prestigio profesional reconocido y cuya principal notoriedad proviene de la difusión de contenidos polémicos o directamente catalogados por sus críticos como fake news. Sin embargo, despliegan una capacidad publicitaria que sorprende incluso a medios tradicionales con décadas de trayectoria.
Basta observar las redes sociales para advertir campañas permanentes de promoción paga. Publicaciones impulsadas con inversiones que, según estimaciones del propio sector digital, demandan cientos de miles de pesos semanales y, en algunos períodos, cifras que podrían superar ampliamente millones de pesos mensuales.
La pregunta es tan simple como incómoda: ¿quién financia semejante estructura?
Mientras numerosos medios genuinos enfrentan dificultades para sostenerse con publicidad privada, suscripciones o pauta comercial, estas plataformas continúan expandiendo su alcance, multiplicando publicaciones patrocinadas y creciendo en distintas provincias. Sin embargo, pocas veces se debate públicamente sobre el origen de esos recursos.
Ahora que Mendoza decidió avanzar institucionalmente sobre el tema, tal vez sea momento de que también se discuta algo más profundo que la existencia de una red de desinformación. Porque detrás de cada campaña digital hay financiamiento, detrás de cada pauta hay recursos y detrás de cada estructura de propaganda existe alguien dispuesto a sostenerla.
La investigación anunciada por Cornejo podría terminar revelando mucho más que el funcionamiento de algunos portales. También podría abrir una puerta para conocer quiénes están detrás de un modelo comunicacional que durante años operó en la política puntana y que hoy parece haber cruzado los límites de la provincia para instalarse en otros escenarios del país.
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