La disputa política por las causas judiciales en San Luis sumó un nuevo capítulo. El diputado nacional Jorge “Gato” Fernández volvió a cuestionar públicamente a la Fiscalía de Estado y puso en el centro de la discusión lo que considera un trato desigual según el sector político al que pertenezcan los involucrados. Según su planteo, el organismo debería limitarse a defender los intereses de la provincia y actuar “ajustado a derecho”, en lugar de protagonizar una exposición pública que, a su entender, tiene contenido político.
Pero Fernández fue más allá y apuntó contra el impacto político de las actuaciones judiciales. Sostuvo que los controles, los juicios de responsabilidad y la ejecución de resoluciones pueden funcionar como una herramienta de presión sobre intendentes que no acompañan al oficialismo. “Lo que quieren es infundir temor”, afirmó. También cuestionó la estrategia comunicacional alrededor de las investigaciones y sostuvo que esa exposición forma parte de la disputa política que mantiene con el gobierno de Claudio Poggi.
La pregunta que Fernández pone sobre la mesa
El dirigente planteó su cuestionamiento a partir de distintos expedientes. Entre ellos mencionó el presunto desfalco de 2 millones de dólares en “El Caburé” y la causa por la entrega irregular de una vivienda que involucró a Cecilia Lucero, exministra de Vivienda durante la gestión de Poggi. Fernández contrastó esos casos con el impulso que, según sostiene, Fiscalía de Estado habría dado a investigaciones contra otros exfuncionarios.
También cuestionó la prisión preventiva de Anabela Lucero y el pedido de desafuero del diputado provincial Joaquín Beltrán, al considerar que no estaría justificado invocar riesgo de fuga después de un proceso que lleva aproximadamente dos años y medio. En el caso Molino Fénix, la investigación involucra a Beltrán, Lucero y otros exfuncionarios por presuntos delitos contra la administración pública; la estimación del perjuicio supera los $900 millones, aunque el informe contable todavía no está concluido.
El capítulo más áspero de sus declaraciones estuvo dirigido a Rafael Berruezo, a quien Fernández cuestionó por su presencia mediática y por el tono utilizado al referirse a las causas. El diputado sostuvo que el funcionario debería concentrarse en la defensa del patrimonio provincial y aplicar el mismo criterio en todos los expedientes. Incluso reprochó que, desde su mirada, no exista la misma exposición respecto de “El Caburé” que frente a otras investigaciones.
Así, el debate deja de ser solamente judicial y vuelve a instalarse en el terreno político: Fernández acusa una doble vara y Fiscalía de Estado queda nuevamente en el centro de la escena. Por ahora, se trata del planteo político del diputado sobre el accionar del organismo y las causas mencionadas, mientras los procesos judiciales continúan su curso.
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