Una investigación periodística puso nuevamente bajo la lupa las prestaciones vinculadas a la familia Negri y señaló presuntas amenazas y posibles irregularidades. La defensa del empresario rechazó las acusaciones, aseguró que la denuncia fue conciliada y que cuatro auditorías avalaron los servicios. Además, denunció una operación política en medio de internas partidarias.
El conflicto alrededor del PAMI en San Luis volvió a quedar en el centro de la escena política luego de una investigación publicada por La Política Online (LPO), que involucró a la senadora de La Libertad Avanza Ivanna Arrascaeta y a su esposo, el empresario Rodolfo Negri.
Según la publicación de LPO, la exdirectora del PAMI San Luis, Cecilia Morales, habría denunciado haber recibido presiones luego de cuestionar una presunta sobrefacturación de prestaciones vinculadas a clínicas de la familia Negri. El informe también menciona posibles irregularidades en órdenes de fisiatría y una revisión de miles de prestaciones correspondientes al período 2024-2026.
La investigación periodística consignó además montos millonarios facturados mensualmente al organismo. De acuerdo con cifras citadas por LPO, las prestaciones habrían alcanzado los $1.091 millones en septiembre de 2025, $825 millones en octubre y más de $700 millones en noviembre y diciembre, mientras que en enero y febrero de 2026 nuevamente habrían superado los $900 millones.
El caso, según la misma publicación, habría derivado en actuaciones para determinar si existió una posible defraudación contra la administración pública. También se señaló que desde el Gobierno nacional se habría intentado contener el conflicto y que incluso se produjo una reunión en la que participaron dirigentes y funcionarios vinculados al expediente.
La otra versión: “información desactualizada y descontextualizada”
Tras la repercusión de esas publicaciones, la asesoría letrada de Rodolfo Negri salió públicamente a responder y rechazó la interpretación planteada por LPO.
La defensa sostuvo que la información difundida se encuentra “desactualizada y descontextualizada” y afirmó que la presentación judicial mencionada en las publicaciones no fue ratificada posteriormente.
Según la versión de los abogados de Negri, hubo un acuerdo conciliatorio entre las partes, que incluyó disculpas y permitió cerrar las diferencias que habían originado el conflicto. Aseguraron que ese acuerdo fue incorporado al expediente y que la causa quedó encaminada al archivo.
Desde la defensa remarcaron que se trató de una discusión entre las personas involucradas y cuestionaron que el episodio vuelva a difundirse sin incorporar el desenlace que, según ellos, tuvo posteriormente en sede judicial.
¿Y las prestaciones del PAMI?
La respuesta de Negri también apuntó directamente a las sospechas sobre las prestaciones facturadas al PAMI.
Su representación legal aseguró que se realizaron cuatro auditorías integrales consecutivas y que, de acuerdo con sus resultados, las prestaciones cuestionadas fueron efectivamente realizadas.
Además, señalaron que las inspecciones habrían constatado tanto la capacidad de los centros de rehabilitación como las condiciones de los servicios prestados. Entre otros puntos, destacaron el circuito de hidroterapia y afirmaron que sus características se encuentran por encima de las exigencias establecidas por la normativa.
De esta manera, mientras la investigación periodística plantea interrogantes sobre el volumen de prestaciones, su facturación y la existencia de presuntas irregularidades, la defensa sostiene que esos servicios fueron auditados y respaldados documentalmente.
Un conflicto que también tiene una dimensión política
El caso no quedó limitado al terreno judicial o administrativo. La defensa de Negri vinculó la reaparición de las acusaciones con una disputa política interna.
Aunque no identificó quién estaría detrás de una eventual operación, su asesoría sostuvo que la difusión del caso tendría como objetivo generar desgaste y desacreditar a determinadas personas en medio de internas partidarias.
Así, el episodio vuelve a poner en tensión al espacio libertario en San Luis y deja planteadas dos versiones contrapuestas: por un lado, una investigación periodística que expone denuncias, presuntas irregularidades y cuestionamientos sobre prestaciones del PAMI; por otro, la defensa de Negri, que asegura que aquellas situaciones fueron judicialmente conciliadas y que las prestaciones fueron respaldadas por auditorías.
Por ahora, ambas versiones forman parte de un conflicto que combina denuncias, explicaciones judiciales, cuestionamientos administrativos e internas políticas. El punto central será determinar qué ocurrió efectivamente con las prestaciones observadas y cuál es el estado concreto de las actuaciones mencionadas, lo político, en otro plano, ver como se dilucida de cara al 2027 y un ruido interno dentro de las filas de LLA en San Luis.
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