Olivero contó cuánto dejaría de recibir La Punta del fondo de la soja. Y olvidó mencionar todo lo que perdía San Luis si firmaba el Pacto Fiscal
El intendente dijo que su ciudad perdería $5 millones por la decisión del Gobierno puntano de no adherir al consenso fiscal al que sí se sometieron el resto de las provincias con el Gobierno Nacional, olvidando que por adherir a ese acuerdo, San Luis debía renunciar a los casi 42 mil millones que le deben por los juicios contra la Nación, parte de los cuales (18 mil millones) ya tienen sentencia firme de la Corte Suprema para que sean pagados.
Además, el intendente de La Punta manifestó que “Ese dinero se invierte en obras públicas porque tiene una asignación específica”, algo en lo que el mantiene una gran deuda con sus vecinos ya que los reclamos por la falta de obra, mantenimiento y gestión es una constante en dicha ciudad.
Cuando se sale a hablar en algún medio, para dar una opinión, y teniendo en cuenta que se es funcionario público, debe abordarse el tema o la problemática que se encara, sin sesgamientos, ni retaceo intencional de la información , más aún en temas tan complejos como lo es el pacto fiscal. Además, es de buen funcionario público decir toda la verdad y aclarando a la sociedad de manera sencilla lo que verdaderamente perjudica y en lo que nada beneficia a San Luis el acuerdo entre provincias y la Nación, al que el gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá le dijo no.
Entre tantas cosas, la firma del Pacto Fiscal, que incluso el mismo Martín Olivero estuvo de acuerdo con la posición de la provincia de no adherirse al mismo (http://apuntesdesanluis.com/index.php/local-provincial/274-malestar-con-olivero-por-apoyar-que-san-luis-no-firme-el-pacto-fiscal), implica que la provincias podrían refinanciar sus deudas con el Gobierno Nacional, en desmedro de derechos y recursos propios, perjudicando a provincias como San Luis que no poseen deuda con el estado nacional y además, la obligaba a renunciar a los juicios iniciados por el régimen de coparticipación. Atentando además contra la independencia económica de las provincias, debido a que propone derogar el art. 104 de la Ley de Impuestos a las ganancias por el cual las provincias reciben los fondos coparticipables.