Denunciaron al Municipio capitalino por malversación
Fue por haber utilizado recursos de la ciudad para retirar carteles de dos candidatos opositores.
A casi diez días de las elecciones que definirán al próximo jefe comunal de San Luis, la actual gestión municipal dirigida por Enrique Ponce sumó una nueva denuncia, esta vez de índole penal por la presunta malversación de caudales públicos. Fue por haber utilizado recursos de la ciudad para retirar carteles y pancartas de dos candidatos opositores del Frente Justicialista de Todos, Sergio Tamayo, y de San Luis Unido, Gastón Hissa, quienes representan los principales competidores del postulante del oficialismo (San Luis Somos Todos), Enrique Picco.
La presentación la realizó la apoderada del Frente Justicialista de Todos, Ángela Gutiérrez de Gatto, en representación de Tamayo, amparada en el Artículo 260 del Código Penal Argentino.
Según el documento elevado a la Justicia, «los distintos empleados municipales han realizado de manera reiterada, el desprendimiento de carteles y pancartas», elementos que integran «la campaña electoral vigente en miras de las elecciones municipales a disputarse el 10 de noviembre».
La denuncia explícita es contra el jefe comunal y su hermano, el secretario de Servicios Públicos municipal, Carlos Ponce, a quienes se los señala como principales responsables de haber ordenado quitar la publicidad electoral opositora.
«El intendente de San Luis, utilizando efectos municipales, ha actuado de manera antijurídica y abusiva, ya que en abuso de su posición encomendó a los efectivos y dependientes municipales la tarea de retirar los carteles colocados en distintos puntos de la ciudad», señala el documento.
Además, la denuncia hace hincapié en que a los empleados de Servicios Públicos se les ordenó cumplir una función totalmente contraria para la que fueron contratados, que es realizar y asegurar el mantenimiento de la ciudad.
«Los funcionarios mencionados realizaron un uso indebido del personal a su cargo, como así también de los vehículos municipales y el combustible de los mismos, descuidando de esta manera las necesidades de la ciudad de San Luis», sostiene el texto presentado en la Justicia.