¿En cuánto beneficia y en cuánto puede perjudicar a San Luis la suspensión de la Ley de Narcomenudeo?
El martes, la Cámara de Senadores fue protagonista de la suspensión por un año de la Ley nº V-1081-2022 de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes , o “Ley de Narcomenudeo”. Dicha suspensión de la norma contó con el apoyo de los senadores oficialistas por 5 votos a 4.
En la fundamentación de los senadores que responden al poggismo argumentaron varios puntos, que uno por uno fueron cuestionados por los senadores de la oposición, quienes emitieron un despacho por la minoría con su disconformidad a la suspensión de dicha norma que entienden perjudica a la provincia, menosprecia la labor de la policía y la Justicia provincial, no considera ni especifica el uso de los recursos necesarios, y en cierta forma descuida al interior provincial por la falta de presencia de esos recursos federales en todos los puntos de la provincia.
El oficialismo argumentó como justificativo 6 puntos :
En el primer punto, referido a Estadísticas y Resultados en Otras Provincias de esta medida: El informe menciona que en provincias donde ya se ha implementado la desfederalización parcial, como Buenos Aires, Córdoba, y otras, ha habido un aumento en las causas por tenencia y comercialización en pequeñas dosis, y una disminución en las causas federales por narcotráfico. Se infiere que esto afecta la persecución penal de delitos graves de narcotráfico.
En este punto los senadores de la oposición (Bloque PJ) contraponen que no se proporciona un análisis detallado de cómo se ha distribuido el trabajo entre las jurisdicciones provinciales y federales, ni cómo estos cambios han afectado la eficacia global de la lucha contra el narcotráfico
En el segundo punto el oficialismo habla sobre la Eficacia del Sistema de Desfederalización: Argumenta que la desfederalización ha sido ineficaz debido a la falta de coordinación adecuada entre los recursos y competencias provinciales y nacionales. Se destaca que la capacidad del Estado Nacional para establecer políticas criminales efectivas ha sido menoscabada.
Allí, los legisladores de la oposición consideraron que la falta de coordinación es un problema serio, pero no se aborda cómo podría mejorarse esta coordinación en lugar de simplemente suspender la ley. Es posible con una planificación y recursos adecuados, la desfederalización podría ser más eficaz
El tercer punto habla del Impacto en la Investigación de Delitos: Sostiene que deslindar las investigaciones menores de las complejas podría afectar el descubrimiento de la verdad y la comprensión integral del narcotráfico, ya que las investigaciones fragmentadas corren el riesgo de no capturar la dimensión total del tráfico de drogas.
Si bien, el argumento sobre la fragmentación de las investigaciones es válido, pero no considera que la colaboración y el intercambio de información entre jurisdicciones podrían mitigar estos problemas. La implementación de mecanismos claros para la interacción entre la justicia provincial y federal podría resolver muchos de los problemas planteados, propuso la versión de los senadores opositores.
En el cuarto punto se hace hincapié en la Falta de Preparación y Capacitación en San Luis: no se ha diagramado claramente el circuito administrativo-policial-judicial para la lucha contra el narcomenudeo. Hay insuficiencia crítica en los procesos de capacitación y adaptación del personal necesario para este cambio de rol.
Si bien se coincide en que este es un problema significativo que justifica una crítica, pero se advirtió que la solución propuesta no es suspender la ley y si implementar programas de capacitación y fortalecer las instituciones provinciales.
En el penúltimo punto el oficialismo remarcó la Falta de Reglamentación y Coordinación: Hasta la fecha, no se han emitido las normas, protocolos de actuación ni se ha dispuesto la coordinación eficiente necesaria para la implementación de la ley. No se ha designado a los jueces, fiscales y defensores para este fuero específico.
A lo que la oposición aclaró que se podrían establecer plazos y responsabilidades claras para desarrollar e implementar estas normativas y estructuras y no suspender esta importante ley.
Por último, en el despacho oficialista se hizo referencia a la Propuesta de Suspensión por un año, prorrogable por otro año, para adecuar la realidad provincial a los desafíos y complejidades que presenta este régimen.
A lo que los senadores del Bloque Justicialista detallaron que La suspensión puede ser una solución temporal, pero no aborda los problemas estructurales y operativos a largo plazo. Sería más constructivo proponer un plan detallado para la implementación gradual y supervisada de la ley.
En lugar de suspender la ley, sería más efectivo:
• Desarrollar programas de capacitación intensivos para el personal judicial y policial.
• Establecer mecanismos claros de coordinación y comunicación entre las jurisdicciones provincial y federal.
• Implementar un plan de acción con plazos claros y responsabilidades definidas para la creación de normas y protocolos necesarios.
• Monitorear y ajustar el proceso de implementación basado en una evaluación continua y en los resultados observados.
Con estos enfoques, la provincia de San Luis podría abordar las preocupaciones planteadas en el informe mientras avanza en la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo.