El gremio estatal pidió ser incorporado a la Comisión de Trabajo y participar en el debate del proyecto impulsado por el gobernador Claudio Poggi. Desde ATE cuestionaron que sus planteos sobre salarios, poder adquisitivo y endeudamiento hayan sido ignorados durante la actual gestión.
La discusión por el desendeudamiento de las familias puntanas ya empieza a levantar temperatura política. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó este martes sendas notas ante las autoridades de Diputados y Senadores para reclamar un lugar en la Comisión de Trabajo y participar activamente de las instancias donde se analice el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial.
El pedido lleva la firma del secretario general de ATE San Luis, Luis Fernando Gatica, quien solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Leyes, y al vicegobernador y titular del Senado, Ricardo Endeiza, que el sindicato sea convocado al tratamiento de la iniciativa.
El proyecto fue remitido por el gobernador Claudio Poggi a la Legislatura el pasado 17 de septiembre y propone crear un Programa de Desendeudamiento Familiar para personas que acumulan deudas en mora. El esquema busca que bancos, financieras, fintech y otras entidades habilitadas ofrezcan refinanciaciones bajo condiciones determinadas por la ley, a cambio de incentivos fiscales provinciales.
Entre las condiciones previstas aparecen refinanciaciones de al menos 24 meses, un período de gracia mínimo de dos meses y cuotas que no superen el 30% de los ingresos del grupo familiar. También se establece como techo para la tasa nominal anual la TAMAR más 10 puntos porcentuales y se prohíbe trasladar gastos administrativos, comisiones u honorarios asociados a la refinanciación.
El programa alcanzaría a personas con domicilio en San Luis que tengan deudas en mora durante más de tres meses.
Pero el proyecto no se limita al reordenamiento de deudas. También contempla un Programa de Incentivo al Consumo Familiar, que permitiría a las entidades adheridas ofrecer descuentos, reintegros y promociones en comercios de la provincia. Como contrapartida, accederían a un crédito fiscal equivalente al 25% de los recursos destinados a esas promociones.
ATE quiere sentarse en la mesa
En ese escenario, el sindicato busca intervenir directamente en la discusión legislativa. Gatica argumentó que ATE viene relevando desde hace tiempo el impacto del endeudamiento sobre los hogares y, particularmente, sobre las familias de los trabajadores estatales.
El gremio asegura contar con relevamientos, información de campo y datos socioeconómicos que podrían incorporarse al análisis parlamentario.
“Consideramos imperioso que se garantice la participación de la representación sindical en las comisiones de trabajo”, sostuvo ATE en las presentaciones realizadas ante ambas cámaras.
Pero el planteo sindical tiene además una lectura política. ATE cuestionó que durante la actual administración provincial sus reclamos vinculados con la pérdida del poder adquisitivo y el endeudamiento de los trabajadores hayan sido, según expresó, “sistemáticamente desoídos”.
Así, mientras el Gobierno impulsa una herramienta para aliviar el peso de las deudas familiares, el gremio reclama que quienes dicen conocer el problema desde el territorio tengan voz en la discusión parlamentaria.
El antecedente que suma tensión
La presentación de este martes no aparece de manera aislada. El 18 de septiembre, apenas un día después de que el Ejecutivo enviara el proyecto a la Legislatura, ATE ya había reclamado que el programa no dejara afuera a ningún sector estatal.
En particular, el sindicato pidió contemplar también a los trabajadores del Plan de Inclusión Social y a los empleados municipales.
Ahora el reclamo sube un escalón: ATE ya no solamente plantea modificaciones o ampliaciones al programa, sino que exige participar de las mesas donde se definirá su contenido.
El proyecto de desendeudamiento familiar entra así en terreno legislativo con un ingrediente adicional: el Gobierno pone sobre la mesa su propuesta y ATE reclama una silla para discutirla, cuestionarla y eventualmente intentar modificarla.
La pelota quedó ahora del lado de las autoridades de ambas cámaras, que deberán resolver si el sindicato estatal tendrá participación formal en las comisiones y reuniones donde avance el tratamiento de la iniciativa.
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