El Partido Justicialista provincial sostuvo que la medida contra Anabela Lucero, Enzo Lucero y Ezequiel Scarel es “abusiva y desproporcionada” y advirtió por una posible utilización política de la Justicia.
El Partido Justicialista de San Luis difundió un duro comunicado luego de que la Justicia dictara 60 días de prisión preventiva para Anabela Lucero, Enzo Lucero y Ezequiel Scarel, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades vinculadas al Molino Fénix y la Casa de la Música de Villa Mercedes. La resolución fue adoptada por el juez de Garantía N.º 4, Santiago Ortiz, luego de una audiencia de aproximadamente siete horas.
Bajo el título “No hay justicia ni democracia cuando se violan las garantías constitucionales”, el PJ calificó la decisión judicial como un “ejercicio abusivo y desproporcionado del poder cautelar” y sostuvo que constituye un “gravísimo precedente institucional” para la provincia.
El eje del reclamo: la prisión preventiva
El justicialismo puso el foco en que la prisión preventiva no constituye una condena, sino una medida cautelar que, según el comunicado, debería aplicarse únicamente cuando otras alternativas no resulten suficientes para garantizar el proceso.
El partido sostiene que los tres detenidos no tienen antecedentes y cuentan con arraigo familiar, y cuestiona que exista peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifique una medida de esta gravedad.
Sin embargo, la resolución judicial señaló que todavía queda prueba por producir —entre ella pericias contables e informáticas y nuevas entrevistas— y fundamentó la prisión preventiva en la existencia de riesgos procesales. Las defensas, en tanto, ya dejaron planteados recursos de revisión.
La mirada del PJ sobre Joaquín Beltrán
El comunicado también pone especial atención sobre el diputado provincial Joaquín Beltrán, quien quedó en una situación diferente debido a sus fueros parlamentarios.
El Ministerio Público Fiscal solicitó su desafuero para poder avanzar con una eventual prisión preventiva. El pedido deberá ser remitido a la Cámara de Diputados, que tendrá que intervenir antes de que pueda ejecutarse una medida de ese tipo contra el legislador.
El PJ interpreta este pedido como parte de una escalada judicial contra dirigentes vinculados con el espacio opositor.
Una acusación política directa contra el Gobierno
El tramo más político del comunicado aparece cuando el Partido Justicialista denuncia una “preocupante connivencia” entre el gobernador Claudio Poggi, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado y determinadas decisiones judiciales.
Desde esa perspectiva, el partido sostiene que la Justicia estaría siendo utilizada como una herramienta para “disciplinar opositores” y perseguir a dirigentes y ciudadanos que piensan diferente.
El documento incluso afirma que, desde hace casi tres años, los dirigentes del espacio opositor vienen siendo objeto de una persecución y un disciplinamiento judicial que, según el PJ, vulneraría garantías constitucionales.
Se trata, en este punto, de la interpretación y denuncia política del Partido Justicialista, no de una conclusión judicial sobre el funcionamiento de la causa.
El contraste con la acusación fiscal
La posición del PJ se produce mientras la investigación judicial atraviesa una etapa de ampliación de cargos. La Justicia hizo lugar a imputaciones vinculadas con administración fraudulenta y ocultamiento o destrucción de evidencia, y también consideró la figura de asociación ilícita respecto de Anabela Lucero y Joaquín Beltrán como presuntos jefes, mientras que los demás imputados fueron considerados partícipes necesarios.
La Fiscalía sostiene que todavía deben realizarse medidas de prueba y que existen elementos que justifican profundizar la investigación. Por eso, el escenario judicial permanece abierto y las defensas ya cuestionaron las medidas adoptadas.
“Para todos”, la consigna del PJ
El comunicado cierra con una definición que busca condensar el planteo político del partido: la Constitución, el debido proceso, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley deben regir para todos.
El PJ reclama que no existan privilegios para quienes tienen poder, pero tampoco persecución contra quienes se encuentran en la oposición.
Así, mientras la Justicia avanza sobre una causa que involucra a dirigentes y exfuncionarios vinculados con la anterior gestión provincial, el justicialismo decidió transformar la respuesta judicial en una denuncia política e institucional, cuestionando no solamente la prisión preventiva sino el modo en que, a su entender, se está ejerciendo el poder en San Luis.
Más historias
El PJ prepara la revancha electoral: unidad adentro y alianzas para enfrentar a Poggi
PAMI en San Luis: denuncias, presuntas sobrefacturaciones y tensión dentro de La Libertad Avanza
Ediles del PJ de Quines piden a legisladores provinciales de Ayacucho gestionen beneficios para los vecinos del norte provincial.