La Corte Suprema dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, en un fallo que representa uno de los golpes políticos y judiciales más importantes para la administración de Javier Milei. La decisión, además de fortalecer el reclamo de las universidades, pone presión sobre la estrategia de equilibrio fiscal impulsada por el Ejecutivo.
El fallo también dejó expuesta la estrategia política del oficialismo. Según trascendió, sectores del Gobierno confiaban en que el expediente permanecería sin resolución mientras el tema se discutía en el Presupuesto y apostaron a un acuerdo salarial con los gremios para desactivar el conflicto. Sin embargo, los rectores mantuvieron la demanda y la Corte terminó avanzando, desarmando esas expectativas.
Sin pronunciarse sobre el fondo de la causa, el máximo tribunal resolvió mantener vigente la cautelar favorable a las universidades, lo que implica aplicar los alcances de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución suma un nuevo frente de tensión para la Casa Rosada y marca un cambio de escenario en la relación entre el Gobierno y la Corte, que hasta ahora había evitado decisiones con fuerte impacto sobre la política económica.
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