El Partido Justicialista de San Luis confirmó su rechazo al proyecto de reforma parcial de la Constitución impulsado por el gobernador Claudio Poggi y pidió que sea archivado o devuelto a comisión.
En un documento de nueve páginas, el PJ calificó la iniciativa como “improvisada, apresurada, inconsulta, desmesuradamente amplia, contradictoria y subordinada a las necesidades electorales del gobierno de turno”.
La principal crítica política apunta a las prioridades. Mientras el Gobierno impulsa la discusión constitucional, el peronismo sostiene que la provincia enfrenta problemas de pobreza, empleo, salarios y actividad económica que deberían estar primero en la agenda.
El documento menciona que la pobreza en el Gran San Luis alcanzó el 30,1% en el segundo semestre de 2025 y que desde fines de 2023 se perdieron unos 3.500 empleos privados registrados.
Mandatos y reelección, en el centro de la pelea
Uno de los puntos que más cuestiona el PJ es la propuesta de extender hasta 2031 los mandatos de diputados, senadores y concejales elegidos en 2025, cuyos períodos originalmente terminan en 2029.
Para el peronismo, eso significa modificar después de una elección las condiciones bajo las cuales votó la ciudadanía.
“Los mandatos populares no se prorrogan entre dirigentes sino que se renuevan en las urnas”, sostiene el documento.
También cuestiona la cláusula que establece que el período 2023-2027 de Poggi sea considerado como su primer mandato y afirma que una Constitución no puede diseñarse en función de una persona.
“No se redacta una Constitución con nombre y apellido”, advierte.
Una reforma amplia y sin suficiente debate
El PJ también cuestiona el alcance del proyecto, que habilita modificaciones en áreas como el sistema electoral, Poder Judicial, organismos de control, educación, agua, inteligencia artificial, identidad digital y datos personales.
Además, considera insuficiente el plazo de 60 días, prorrogable por otros 30, previsto para la Convención Constituyente.
Otro reclamo es la falta de audiencias públicas y consultas departamentales previas.
Con todos estos argumentos, el peronismo intenta instalar una definición política de fondo: la discusión no es solamente qué artículos modificar, sino quién fija las reglas y con qué objetivos.
Por eso, el documento cierra con una de sus frases más duras contra el proyecto:
“No es una reforma pensada para las próximas generaciones. Es una reforma pensada para la próxima elección”.
A continuación el documento completo:
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