Un fuerte episodio cargado de tensión institucional se vivió este lunes por la mañana en San Luis, cuando una agente de la Policía decidió encadenarse en el ingreso al Poder Judicial para reclamar la liberación de su esposo, también integrante de la fuerza. La medida extrema visibiliza no solo un conflicto personal, sino también un trasfondo que vuelve a poner en debate el accionar policial, el rol de la Justicia y las garantías dentro del propio sistema.
La mujer, identificada como Luciana Sánchez, es esposa de Matías Escudero, efectivo de la sección Motorizada del Comando Radioeléctrico, quien se encuentra detenido por disposición del juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, acusado de “lesiones graves, abuso de autoridad y apremios ilegales”. La detención preventiva por 90 días se enmarca en una causa que investiga un violento episodio ocurrido el pasado 9 de abril en el barrio 292 Viviendas.
Según detalló la fiscal de Instrucción N°5, Débora Roy Gitto, el hecho se desencadenó cuando un vecino, Brian Arévalo, solicitó a efectivos policiales que redujeran la velocidad mientras circulaban por la zona. Lejos de tratarse de una actitud agresiva, el pedido derivó —según la acusación— en una intervención desmedida que terminó con una brutal golpiza. Testigos aseguran que la víctima fue golpeada incluso cuando ya se encontraba reducida, en un contexto de clara inferioridad frente a varios agentes.
El informe médico confirmó la gravedad de las lesiones: fracturas en el rostro, hematomas y múltiples escoriaciones, con un tiempo de recuperación superior a un mes. Pero más allá del hecho en sí, uno de los aspectos más delicados de la causa es la sospecha de encubrimiento inicial. En un primer momento, el episodio fue informado como una “resistencia a la autoridad”, omitiendo detalles clave sobre el estado de la víctima.
La propia fiscal advirtió obstáculos en la investigación, señalando posibles maniobras corporativas dentro de la fuerza y el temor de testigos a declarar por eventuales represalias. Este escenario abre interrogantes sobre los mecanismos de control interno y la transparencia institucional, en un contexto donde la confianza pública en las fuerzas de seguridad vuelve a estar en discusión.
La protesta de Sánchez, encadenada frente a la sede judicial, expone otra cara del conflicto: la de quienes consideran que existen decisiones judiciales desmedidas o sesgadas. Así, el caso se instala en el centro de la escena no solo como un hecho policial, sino como un síntoma de tensiones más profundas entre seguridad, justicia y poder político en la provincia.
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