“La justicia podría investigar de oficio” los supuestos ofrecimientos del Poggismo a diputados para no dar quórum
Luego de la denuncia pública de una diputada del Frente Unidad Justicialista sobre presuntos ofrecimientos que le realizó un dirigente aliado a Claudio Poggi para que no diera quórum en la sesión del miércoles de esta semana, en la que se trató la nueva estructura funcional de la Legislatura, un abogado explicó que “un fiscal podría actuar de oficio” para determinar si se configuró el delito de cohecho.
Gustavo Daniel Gorra, doctor en Derecho y docente investigador del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), detalló que “puede haber una denuncia de las partes” que de inicio a la investigación judicial, pero, como se trata de un delito de acción pública, también puede existir la actuación judicial de oficio.
“Un fiscal va a actuar de oficio en la medida que sea explícito que haya alguna irregularidad. Si es algo todavía indeterminado, ningún fiscal va a poner en movimiento toda una investigación. Deberían ser más explícitas o concretas las declaraciones de la víctima o el involucrado”, explicó el letrado.
La diputada del departamento Pedernera, Teresa Catalina Páez, relató en RADIO CIUDAD que recibió un llamado y mensajes de WhatsApp del dirigente José Giraudo para ausentarse de la sesión del miércoles, a cambio de “una reunión con Claudio Poggi, en el lugar que yo quisiera”.
Narró que rechazó ese ofrecimiento y que puso en conocimiento de la situación al gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, su líder político. Y añadió que algunos de sus compañeros de bancada, sobre todo los que terminan sus mandatos el 10 de diciembre (cuando asumirá Poggi como gobernador), recibieron comunicaciones similares por parte de la actual oposición.
De todas maneras, no presentó una denuncia ni mostró intenciones de hacerlo, pese a que el caso podría encuadrarse en un delito de cohecho.
Gorra indicó a RADIO CIUDAD que ese delito está tipificado en el Código Penal Argentino, “desde la época de Carlos Tejedor”, uno de los redactores del CPA en la década de 1860, y que se trata de un hecho que no admite el grado de tentativa. “Es un delito que se consuma; la simple actividad, aunque no haya un daño al bien jurídico, implica que hay un delito”, dijo.
El “cohecho” en sí es “un acuerdo, una venta de un acto administrativo por parte de un funcionario en particular, que recibe una dádiva, dinero o premio, a cambio de hacer o dejar de hacer algo que tenga que ver con su función”, especificó el docente.
Y agregó que puede ser tanto bilateral como unilateral. “Bilateral cuando se llega al acuerdo entre el funcionario y el tercero, que es el que hace el ofrecimiento; o unilateral, cuando un particular hace el ofrecimiento pero no hay aceptación por parte del funcionario”, señaló.
También existen otros delitos relacionados con este tipo de comportamientos, como el tráfico de influencias. “Uno se aprovecha de la influencia que tiene con un funcionario a cambio de algún acto en particular por parte de este funcionario”, remarcó Gorra.
Y sentenció: “El problema con estos delitos es que son muy difíciles de probar, por la materialidad del delito, aunque los delitos de corrupción son los más antiguos que hay en la humanidad”.
Fuente: SL24